Qué es la incapacitación judicial

La incapacitación judicial es un proceso jurídico fundamental que consiste en una retirada de los poderes legales a personas que, por su situación, carecen de capacidad racional para tomar una decisión importante atendiendo a la lógica.

La incapacitación tiene mala fama debido a múltiples casos de hijos que solicitan la incapacidad de sus progenitores para llevar a cabo acciones de dudosa moralidad. No obstante, este procedimiento se realiza para proteger los intereses de la persona que ya no puede valerse por si misma y el único motivo de su creación, es intentar que no se aprovechen de ellas terceras personas.

¿Es algo negativo la incapacitación de alguien?

Los abogados reciben muchas consultas acerca de si es bueno o malo solicitar la incapacitación de una persona, sobre todo de hijos que no saben que hacer con sus progenitores. La incapacitación judicial debe verse como un procedimiento positivo, para proteger los intereses de la persona incapacitada.

En Allende Abogados se reciben numerosas consultas legales por parte de clientes cuyos progenitores sufren alguna enfermedad grave y creen que lo más adecuado es optar por el procedimiento de incapacitación judicial.

Los pacientes con enfermedades mentales graves como el alzheimer deben ser los primeros en estar incapacitados ya que, existen casos en los que los cuidadores o terceras personas se aprovechan de forma evidente de esta enfermedad para su propio beneficio económico.

Cómo es el procedimiento de incapacitación judicial

El fundamento de la incapacitación es que la persona en cuestión sufra una deficiencia o una enfermedad que le impida valerse por si misma de forma persistente. En caso de que el Juzgado acceda a determinar la capacidad de juicio de la persona, se nombrará a un tutor representante de la misma.

Se deben presentar varias pruebas en el Juzgado que ratifiquen que la persona en cuestión no está en plenas facultades mentales para tomar decisiones acerca de su salud, patrimonio, etc. Los informes médicos son imprescindibles para demostrar que la persona no tiene las capacidades necesarias.

Además, el tutor asignado deberá responder ante el Juzgado de forma anual justificando los gastos de dinero realizados. En este caso, los gastos e inversiones deben ser en beneficio del incapacitado. El tutor deberá solicitar autorización al Juzgado para realizar diferentes actividades como pueden ser la compra o la venta de algún inmueble que esté a nombre de la persona incapacitada.

En el caso de la venta del inmueble, se debería explicar lo siguiente en el Juzgado:

  • Razones de la venta de la casa o vivienda: explicación de por qué es necesario vender el inmueble
  • Inversión del dinero: En qué se va a reinvertir el dinero de la venta en beneficio del incapacitado.